En días recientes, diversos análisis periodísticos han sostenido que la CNTE ha “elevado su apuesta”, pasando de las protestas tradicionales a una exigencia supuestamente desmesurada: transformar el sistema de pensiones mexicano. Algunos comentaristas incluso califican sus demandas como “totalmente inviables” y presentan al magisterio disidente como un actor que desafía irresponsablemente la estabilidad financiera del país.
Sin embargo, me parece que esa lectura parte de una premisa equivocada. La pregunta correcta no es si la CNTE está pidiendo demasiado. La pregunta es si México le ha cumplido a quienes han dedicado su vida a educar a generaciones enteras de mexicanos.
Durante años, miles de maestras y maestros aceptaron salarios modestos bajo la promesa de que el Estado les garantizaría una jubilación digna. La reforma al ISSSTE de 2007 modificó profundamente ese pacto, sustituyendo un esquema solidario por cuentas individuales administradas bajo una lógica financiera. Desde entonces, muchos docentes han advertido que sus futuras pensiones serán insuficientes para sostener una vida digna después de décadas de servicio. Esa es precisamente la raíz de la protesta actual.
Quienes afirman que regresar al modelo anterior es imposible suelen presentar el debate como un simple problema matemático. Hablan de balances actuariales, de costos fiscales y de sostenibilidad presupuestal. Sin duda, esos elementos importan. Pero reducir la discusión a una hoja de cálculo es olvidar que las pensiones no son solamente un asunto financiero; son un compromiso ético entre el Estado y sus trabajadores.
Resulta llamativo que cuando se rescatan bancos, se condonan impuestos a grandes corporaciones o se destinan miles de millones a proyectos prioritarios, el debate sobre la viabilidad económica suele ser secundario. Pero cuando quienes reclaman son maestros rurales, trabajadores de educación especial o docentes de comunidades indígenas, entonces la primera respuesta es que “no hay dinero”.
La CNTE tampoco surge de la nada. Es producto de décadas de incumplimientos, reformas impuestas sin consenso y mecanismos laborales que muchos docentes consideran injustos. Incluso en las negociaciones recientes, el gobierno ha reconocido la necesidad de revisar estructuras como la USICAMM y fortalecer las condiciones de jubilación, aunque las propuestas oficiales no han satisfecho las demandas centrales del movimiento.
Otro argumento frecuente sostiene que las movilizaciones afectan a terceros y dañan la imagen del país en vísperas del Mundial. Es cierto que las protestas generan molestias. Toda protesta efectiva las genera. Pero también es cierto que la historia democrática de México está llena de derechos conquistados gracias a movimientos que incomodaron al poder y a la sociedad. Si las demandas de los maestros hubieran sido atendidas oportunamente, probablemente no estaríamos viendo bloqueos ni plantones en las calles. Como han señalado diversos observadores, el conflicto actual también refleja una incapacidad gubernamental para resolver de fondo un problema que lleva años acumulándose.
Desde mi perspectiva, el problema no es que la CNTE esté elevando su apuesta. El problema es que México sigue posponiendo una conversación seria sobre el retiro digno de millones de trabajadores públicos. Los maestros no están pidiendo un privilegio; están exigiendo que el trabajo de toda una vida no termine en la incertidumbre económica.
Podemos debatir los mecanismos, los plazos y las fuentes de financiamiento. Podemos discutir si el modelo debe ser exactamente el mismo que existía antes de 2007 o si es necesario construir uno nuevo. Lo que no deberíamos hacer es descalificar la demanda de origen. Porque detrás de cada cifra hay una maestra que enseñó a leer a generaciones de niños y un maestro que caminó kilómetros para llegar a una escuela olvidada por el Estado.
Y si un país no puede garantizar una vejez digna a quienes dedicaron su vida a educarlo, quizá el problema no sea la exigencia de los maestros, sino nuestras prioridades colectivas.
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